HACHAZO DEFINITIVO A LA LEY DE DEPENDENCIA
El Ejecutivo de Rajoy va a ejecutar un nuevo recorte a los dependientes. El 4 de mayo, el Gobierno presentó a Bruselas su Plan Nacional de Reformas para 2013, donde se hace referencia a una reducción de 1.108 millones de euros para el presente ejercicio de la Ley de Dependencia, lo que supone un golpe de gracia a la misma. Son tres los decretos que se aprobarán a lo largo de este año para poder realizar este ahorro, pero sus aspectos no se encuentran totalmente explicados ni definidos.
Según el Gobierno, su idea es reformar profúndamente la Ley de Dependencia para racionalizar y modernizar los servicios que se prestan a los usuarios para garantizar su sostenibilidad en el futuro, priorizando los servicios sociales sobre las prestaciones de tipo económico. La realidad es que el Estado deja de asumir la parte de la financiación que le corresponde.
A estas nuevas medidas de ajuste hay que añadir todas aquellas que se realizaron en las reformas del 2012, fundamentalmente: los retrasos en los pagos, la disminución de los beneficiarios de las prestaciones, los expedientes bloqueados por la administración que dejaron en una situación de vulnerabilidad a los dependientes ya reconocidos, el incremento del copago por los dependientes que reciben una prestación, la salida de los cuidadores no profesionales de la Seguridad Social, así como el copago sanitario y farmacéutico.
Estamos hablando por tanto de la extinción de la Ley de Dependencia. Las Comunidades Autónomas no disponen de los recursos económicos necesarios para poder asumir la retirada del Estado en la financiación de la dependencia. Y por supuesto, el incremento del copago de los usuarios daría como resultado que los dependientes verían reducidas sus prestaciones a niveles, en muchos casos ridículos.
La retirada de ayudas mediante conciertos económicos a entidades privadas como centros de día y residencias, así como de las subvenciones para las asociaciones de enfermos y familiares que tratan de diversas maneras las distintas enfermedades y discapacidades de los dependientes, no sólo compromete la calidad de vida de los mismos, sino que abocan al desempleo a numerosos profesionales que durante todos estos años han formado parte de la misma Ley y su aplicación.
Una Ley que nació con el objetivo de que la Administración, tanto central como autonómica, se implicara en ayudar mediante diversas prestaciones a mejorar la calidad de vida de aquellos ciudadanos con discapacidad o enfermedad crónica así como la de sus familiares, parece que va a convertirse en una ley de servicios, en los que aquellos que tengan posibilidades económicas podrán acceder a los recursos que necesiten para llevar una vida digna.
Os recomendamos leer estos dos artículos periodísticos que ahondan sobre este tema, tanto en el de los recortes, como el futuro que espera a la dependencia:
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